Ayer publicamos que el desarrollo de los proyectos ferroviarios de los trayectos ferroviarios de Mitjorn y Sa Pobla, fueron un éxito de consenso y participación ciudadana. Falso, por triste que sea fue una inocentada clásica del 28 de diciembre. Ha pasado más de un año desde que se presentaron las nuevas líneas ferroviarias de Mallorca, y la Conselleria de Vivenda, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears sigue a lo suyo: sin consenso, sin transparencia y pasando olímpicamente de la participación ciudadana que exige la ley.

Lejos de escuchar a los vecinos, ayuntamientos, ecologistas y sectores afectados, el proyecto se ha diseñado de espaldas a la isla, sin control político y sin debates reales ni foros técnicos abiertos. La Ley de Transparencia es papel mojado. La “inocentada” que publicamos ayer en esta plataforma —donde todo parecía idílico— saca los colores a la realidad: a día de hoy, siguen ocultos los informes ambientales, los estudios acústicos, el análisis de impacto ecológico y las respuestas a las alegaciones.

Además, los documentos del proyecto son un cacao: confusos, contradictorios y sin rigor técnico. Huele a prisas electorales para vender titulares y cumplir el calendario político, en vez de diseñar una infraestructura útil y pensada para la gente a largo plazo. Al final, nos arrastran a lo de siempre: votar al “menos malo” en las próximas elecciones.

Unids per Conservà: el muro de contención vecinal

La entidad ambiental Unids per Conservà, en lugar de ser tratada como un socio técnico por el Govern, ha tenido que ponerse el mono de trabajo para vigilar, denunciar y proponer alternativas frente a un proyecto impuesto desde arriba. Si se han unido las quejas vecinales y territoriales es, precisamente, porque nunca ha existido un plan común ni consensuado.

Las alertas sobre la fragmentación de fincas rurales, el impacto en los recursos hídricos y la falta de conectividad ecológica se han ignorado sistemáticamente. Tampoco hay un análisis real de las explotaciones agrícolas afectadas ni garantías de compensación para los payeses. La supuesta “sensibilidad social” del Govern se ha quedado en pura palabrería.

Palma y Llucmajor: el transporte público que olvida al residente

En el entorno urbano, el proyecto vuelve a priorizar el escaparate turístico frente al día a día del residente. Se aleja de los barrios más poblados para buscar trazados más mediáticos pero técnicamente chapuceros. No aseguran la doble vía en todo el recorrido y mezclan tramos de metro, tren convencional, vía única y pasos en superficie. Un sinsentido que hace dudar de la eficacia del servicio.

¿Y las demandas de estaciones en Son Ferriol, Ca’n Pastilla, Ses Meravelles o Playa de Palma? Ni aparecen en el proyecto actual. Dejan colgados a barrios enteros y obligan a la gente a seguir atrapada en el coche privado. Para colmo, el trazado pasa rozando viviendas y colegios sin demostrar que cumple las normas de seguridad, accesibilidad y protección acústica, descartando intencionadamente más de cuatro millones de potenciales desplazamientos mientras se duplican las matriculaciones de vehículos privados.

En Llucmajor la cosa no mejora. En vez de descartar el paso en superficie, el plan se come casas, su avenida principal, explotaciones agrícolas, elimina aparcamientos y atasca aún más los puntos negros del municipio. No resuelven la accesibilidad universal ni plantean en serio llevar el tren a las urbanizaciones de la costa, que son de las zonas con mayor saturación residencial de Mallorca.

Esa obsesión por resucitar el antiguo trazado ferroviario —que está totalmente desfasado— no atiende a criterios lógicos. Sólo rompe el suelo rural, divide fincas y genera peleas innecesarias entre vecinos, rompe la paz social y convertirá nuestro paisaje en otra postal bucólica enfocada al turista de turno, como siempre que se hace algo en Mallorca.

Campos y la conexión Sa Pobla-Alcúdia, en el aire

En Campos, el contraste con nuestra broma del 28 de diciembre es sangriento. El Govern ha rechazado la propuesta técnica de Unids per Conservà y de los propios afectados para desviar el tren por la ronda del Rei Joan Carles I. Prefieren mantener alternativas que parten el núcleo urbano, ocupan calles de los vecinos y destrozan su descanso.

La estación proyectada no le llega ni a la suela del zapato a los estándares de calidad de otras obras recientes como la del Parc Bit (una infraestructura politizada que tampoco destacó por su transparencia ni por ayudar a descongestionar la Serra de Tramuntana). Por si fuera poco, el proceso de información pública ha sido un mareo constante de cambios de criterio, modificaciones y cero respuestas a los afectados.

Y en el norte, tres cuartos de lo mismo con la futura conexión Sa Pobla–Alcúdia. Vecinos y entidades han propuesto soterramientos, tramos elevados para proteger caminos y sistemas constructivos más estables y ecológicos. ¿La respuesta de la Administración? Silencio. Mientras tanto, el peligro de inundación, el impacto sobre Sa Marjal y la falta de planificación siguen siendo un riesgo real. Los debates se cocinan a puerta cerrada.

El diálogo brilla por su ausencia

La realidad, una vez pasado el Día de los Inocentes, es que este proyecto de tren representa lo peor de la vieja política de infraestructuras: el diálogo llega tarde, de hecho no hay diálogo, la poca información se da con cuentagotas, a través de prensa e incompleta, la participación ciudadana se reduce a tragar con decisiones que ya están tomadas en los despachos y la atención se centra en difuminar cualquier acción ciudadana.

El consenso no existe. Sigue siendo la gran asignatura pendiente del Govern balear.

Lo más preocupante es el siguiente paso de la estrategia oficial: intentar silenciar y desacreditar a las plataformas de afectados para que sus críticas no calen en la opinión pública. Porque, al contrario de lo que decía aquel texto satírico, escuchar de verdad a los ciudadanos no es lo que está retrasando el proyecto… Básicamente, porque todavía no se ha hecho ni hay ninguna intención de hacerlo.